APROBADO PROYECTO LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El Consejo de Ministros del 13 de octubre de 2020 ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Según ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros, se van a combatir los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, asociados a las nuevas tecnologías.

Las que parecen líneas maestras de la nueva Ley serán:

– Endurecimiento de la limitación de los pagos en efectivo, pasará de 2.500 a 1.000 euros, para operaciones entre empresarios.

– Ampliación del listado de deudores de la Hacienda Pública. Disminuye de un millón a 600.000 euros, el importe cuya superación conlleva la inclusión en dicho listado.

– Lucha contra los paraísos fiscales. Se actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas.

–Lucha contra el software de doble uso, que consiste en programas informáticos que permiten manipular la contabilidad.

–Prohibición por ley de amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonio.

–Control de criptomonedas: se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia y sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.

–Valor de referencia (ITPAJD, IP e ISD). Se pretende dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, con el fin de reducir la alta litigiosidad que se viene produciendo. En el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva. Dicho valor se basará en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario a las que se aplicará unas reglas técnicas para su determinación por Catastro.

– Medidas antielusión fiscal. Se pretende, por un lado, reforzar la tributación en España de rentas que se vienen localizando en territorios de baja fiscalidad, evitando su deslocalización y por otro lado, se persigue asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España. Se trata de incorporar a la legislación española la Directiva europea antielusión fiscal regulando la Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y la imposición de salida o “Exit Tax”.

Sirva la presente nota de alcance a los meros efectos informativos de una importante medida que tiene previsto aprobarse en los próximos meses, sin que pretenda hacer un análisis pormenorizado de su contenido, que por otra parte solo hemos tenido conocimiento por reseñas de prensa.